22/10/2025 BaeNegocios.com - Nota
La UBA avanza con una demanda contra el Gobierno por la Ley de Financiamiento Universitario BAE Negocios La Universidad de Buenos Aires (UBA) resolvió avanzar por la vía judicial contra el Poder Ejecutivo Nacional. Reclama el cumplimiento de la Ley 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición Salarial, sancionada por el Congreso y promulgada por decreto, pero con su aplicación suspendida hasta que el Parlamento defina las fuentes de financiamiento. Unanimidad y fundamentos constitucionales El Consejo Superior adoptó la decisión por unanimidad en su reunión del 22 de octubre de 2025 . En la resolución, la UBA advirtió que “este decreto que promulga formalmente, pero suspende materialmente la ejecución de la ley, altera el sistema republicano de frenos y contrapesos establecido en el artículo 1º de la Constitución Nacional y quebranta la voluntad soberana del Congreso de la Nación ”. La medida, añadió el texto, “implica la vulneración de derechos constitucionalmente establecidos , afectando al sistema universitario y a su comunidad al no poder acceder al financiamiento necesario y a la recomposición salarial previstos en la ley”. El expediente, identificado como EX-2025-04995445- UBA -DME#REC, instruyó al rector a iniciar las acciones judiciales pertinentes “a fin de exigir la inmediata implementación efectiva” de la norma. La resolución será comunicada a todas las facultades, colegios secundarios, hospitales e institutos dependientes de la universidad. Los rectores buscan una estrategia común La decisión de la UBA coincidió con un plenario extraordinario del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) , que reúne a los rectores de todas las universidades públicas del país. El encuentro se realizó este miércoles a las 13 en la Facultad de Derecho de la UBA , con el objetivo de definir una estrategia común ante la suspensión de la Ley de Financiamiento Universitario . Según fuentes del sistema universitario, los rectores evaluaban acciones judiciales coordinadas, pronunciamientos conjuntos y una interlocución directa con el Congreso para exigir la aplicación efectiva de la norma aprobada por ambas cámaras. Emergencia presupuestaria y salarios en caída En los considerandos de su resolución, la UBA recordó que declaró la emergencia salarial y presupuestaria ante la “grave situación” del sistema universitario . La ley, subrayó, “tiene por objeto garantizar la protección, el sostenimiento del financiamiento de las universidades nacionales y la recomposición salarial de los trabajadores docentes y nodocentes”. El texto advirtió que “la no ejecución de esta ley es un ataque directo a uno de los bienes más valiosos de nuestra sociedad: la Universidad Pública Argentina ” y reclamó que el Ejecutivo cumpla “de manera inmediata” con la asignación de los recursos presupuestarios necesarios. El trasfondo político y fiscal El martes, el Gobierno promulgó la Ley 27.795 —que establece un nuevo régimen de financiamiento universitario— y la Ley 27.796 , que declara la emergencia sanitaria pediátrica y de residencias médicas, pero suspendió su aplicación mediante los decretos 759/2025 y 760/2025. El argumento oficial fue el impacto fiscal que, según sus estimaciones, tendrían ambas normas. La ley universitaria obliga al Ejecutivo a actualizar mensualmente por inflación los gastos salariales y de funcionamiento , recomponer los sueldos desde diciembre de 2023 y convocar a paritarias . De acuerdo con la Oficina de Presupuesto del Congreso, su implementación demandaría $1,96 billones en 2025 , equivalentes al 0,23% del PBI . El año pasado, Milei había vetado una iniciativa similar que no logró ser ratificada por el Congreso. En el proyecto de Presupuesto 2026 , el Presidente mencionó que las universidades recibirán $4,8 billones , apenas un 14% más que en 2025 . Sin embargo, con una inflación estimada de 24,5% para este año y 10,1% para el próximo , los fondos se mantienen prácticamente congelados . Según cálculos de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) , el presupuesto universitario registrará un aumento real de apenas 0,8% en 2026 , pero acumula una caída del 32% en el último año. Los rectores habían pedido $7,3 billones para garantizar el funcionamiento pleno . El ajuste al gasto universitario explica, según ACIJ, un 5% de la reducción total del gasto público entre 2023 y 2026 . Para la UBA y el conjunto del sistema universitario, ese recorte pone en riesgo no solo su sostenibilidad sino el principio de autonomía y el derecho a la educación pública en la Argentina .
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