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21/10/2025 Clarin.com - Nota
Una ola de proyectos “anti-ciencia” avanza en las legislaturas de EEUU y desarma protecciones de salud pública fundamentales Martina Putruele Una investigación identificó más de 420 iniciativas presentadas en 2025 para debilitar o revertir pilares como la vacunación, la pasteurización de la leche y la fluoración del agua. Una manifestación contra las vacunas en Washington, el 23 de enero de 2022. Foto AP/Patrick Semansky, Archivo Las cámaras estatales de Estados Unidos se convirtieron este año en el principal terreno de disputa de políticas de salud pública que llevan décadas vigentes. Una investigación de Associated Press ( AP ) contabilizó más de 420 proyectos “anti-ciencia” presentados en la mayoría de los estados , orientados a recortar o revertir protecciones basadas en evidencia, con foco en tres frentes: vacunas, fluoración del agua potable y venta/consumo de leche sin pasteurizar . Según el mismo relevamiento, alrededor de 30 medidas ya fueron aprobadas o adoptadas en 12 estados , y al menos 26 de ellas corresponden a la esfera de vacunación en 11 estados. El análisis clasificó como “anti-ciencia” aquellos textos que, por su diseño, debilitan protecciones de salud pública basadas en evidencia. El movimiento, que sus promotores describen como una defensa de la “libertad sanitaria” y la “elección individual”, avanza con propuestas que en muchos casos replican lenguaje y conceptos entre jurisdicciones, un fenómeno que sugiere coordinación. La agenda se articula a través de organizaciones nacionales, campañas locales y comparecencias en comisiones, y utiliza recursos habituales de presión legislativa: alertas a simpatizantes, modelos de proyecto, audiencias virtuales y presencia organizada en capitolios estatales. AP vincula buena parte de esa operación con grupos afines a la marca MAHA , o "Make America Healthy Again" (Hagamos que Estados Unidos vuelva a ser saludable), que en paralelo promueven ideas sobre alimentación “natural” y reducción de químicos, y que han logrado colocar sus prioridades en debates estatales. Robert F. Kennedy Jr. es el impulsor de la agenda MAHA. Foto: REUTERS/Carlos Barria/File Photo El mayor volumen de iniciativas se concentra en la vacunación: alrededor de 350 proyectos en 2025, de acuerdo con el recuento. El abanico normativo es amplio. Algunos textos buscan prohibir lo que denominan “discriminación” contra personas no vacunadas en escuelas, lugares de trabajo o servicios; otros introducen nuevas responsabilidades o cargas administrativas para proveedores y programas de inmunización; otros crean figuras sancionatorias vinculadas a supuestos “daños por vacunas”; y varios fijan períodos de espera obligatorios antes de aplicarse determinadas dosis. Una porción específica de los proyectos apunta a tecnologías de ARNm , que tuvieron un papel central durante la pandemia de COVID-19. Más allá de discusiones técnicas y regulatorias, parte de esas iniciativas etiqueta a este tipo de vacunas con categorías impropias en derecho sanitario o penal. Para especialistas en derecho de la salud, ese tipo de definiciones introduce ruido jurídico, eleva incertidumbre para proveedores y puede desalentar la oferta de inmunizaciones en determinados ámbitos. El saldo regulatorio es heterogéneo. La mayoría de los textos todavía está en trámite o fue desestimada en comisión, pero el conjunto aprobado no es menor: al menos 26 leyes anti-vacunas fueron adoptadas en 11 estados este año El impacto operativo de esas normas varía. Algunas recortan la capacidad de exigir vacunas en ámbitos educativos o laborales; otras amplían exenciones por motivos no médicos; otras añaden verificaciones o reportes que, de facto, vuelven más costoso para hospitales, clínicas, bancos de sangre o programas públicos sostener coberturas elevadas. Al menos 26 leyes anti-vacunas fueron adoptadas en 11 estados este año. Foto: Kena Betancur / AFP La fluoración comunitaria, una práctica con más de siete décadas de uso en el país, también aparece en el centro del tablero. En 2025, varias legislaturas debatieron o aprobaron medidas para prohibir la adición de flúor a los sistemas públicos de agua, relajar mandatos previos o trasladar la decisión a consultas locales. La justificación habitual apela a la “libertad de elección” y a la idea de que el agua “no debe medicar”, aun cuando los umbrales, monitoreos y criterios de ajuste de flúor están definidos desde hace décadas bajo estándares de seguridad. En estados como Florida y Utah, el efecto regulatorio es inmediato: municipios que habían sostenido programas de fluoración deberán revisarlos, suspenderlos o enfrentar nuevas cargas administrativas. La literatura técnica consultada por organismos sanitarios resalta que la fluoración reduce caries y desigualdades en salud bucodental, con beneficios poblacionales que se diluyen cuando la medida se elimina o restringe . buena parte de los brotes asociados a lácteos crudos involucra patógenos como E. coli, Salmonella o Listeria. Foto: AP/JoNel Aleccia El tercer eje es la expansión de la venta y el consumo de leche cruda. Los proyectos presentados este año incluyen la legalización de ventas más allá del canal “en la granja”, la despenalización en jurisdicciones donde estaba prohibida y la habilitación de productos derivados sin tratamiento térmico. Sus impulsores suelen enmarcar la discusión en términos de “soberanía alimentaria”, diferencial de ingreso para pequeños productores y supuestos beneficios nutricionales, frente a advertencias de agencias federales y estatales sobre riesgos microbiológicos. La epidemiología reciente recuerda el problema: buena parte de los brotes asociados a lácteos crudos involucra patógenos como E. coli, Salmonella o Listeria , con especial impacto en niños, embarazadas y personas inmunocomprometidas. La pasteurización, un estándar que se generalizó en el siglo XX, surgió precisamente para cortar esas cadenas de transmisión. El cambio de reglas no implica automáticamente más brotes, pero sí aumenta la exposición poblacional a un riesgo conocido, lo que obliga a fortalecer vigilancia, trazabilidad y capacidad de retiro de productos. El denominador común de las tres tendencias es el desplazamiento del centro de gravedad normativo: de políticas poblacionales con beneficios difusos pero medibles (como la inmunidad de rebaño, la menor incidencia de caries o la reducción de enfermedades transmitidas por alimentos) hacia regímenes más permisivos con decisiones individuales. En términos prácticos, ese corrimiento traslada los costos de las conductas de alto riesgo a terceros (niños que no pueden vacunarse por razones médicas, personas mayores, pacientes crónicos) y al sistema sanitario. También complica la tarea de funcionarios locales que, ante rebrotes o eventos adversos, disponen de menos herramientas regulatorias para intervenir. Pero cabe recordar que los sistemas de salud pública se diseñaron, en gran parte, para gestionar riesgos que no se controlan bien a título individual . La investigación de AP reconstruye una red de grupos nacionales y activistas que, con distintos matices, promueven la agenda MAHA en los estados. Identifica organizaciones que redactan textos modelo, capacitan a voluntarios, coordinan acciones con legisladores y acompañan el avance de las iniciativas con campañas de comunicación. Esa red muestra vasos comunicantes con el Departamento de Salud y Servicios Humanos y con figuras públicas que amplifican los mensajes, en un contexto en el que las plataformas digitales permiten segmentar públicos y movilizar apoyos rápidamente. Los incentivos económicos llevan a que empresas y referentes del creciente mercado del bienestar vean oportunidades en un marco que favorece productos y servicios fuera del circuito tradicional. Productores de lácteos crudos, por ejemplo, argumentan que la liberalización del mercado mejora precios en finca y dinamiza economías locales. Sus críticos responden que ese beneficio privado se obtiene a costa de elevar riesgos públicos y transferir costos a consumidores y sistemas de salud cuando ocurren brotes.
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