13/09/2025 La Nación - Nota - Política - Pag. 17
La Bicameral del Congreso rechazó por primera vez un plan de inteligencia Hugo Alconada Mon INÉDITO. La mayoría opositora planteó objeciones al documento que podía habilitar tareas de espionaje ilegal. Hugo Alconada Mon LA NACION Por primera vez desde el retorno de la democracia, la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia del Congreso aprobó un dictamen con críticas y observaciones al Plan de Inteligencia Nacional (PIN) vigente. Cuestionó que el documento secreto que redactó el Gobierno entreabría la puerta a tareas de inteligencia ilegal contra políticos, economistas, movimientos sociales y periodistas, entre otros actores, confirmaron dos fuentes oficiales consultadas por separado por LA NACION. "El dictamen incluye cuestionamientos de todo tipo y color al PIN, sí. Ese documento debe leerse como el marco general que explica lo que pasó luego, por ejemplo, con la denuncia que metió Bullrich (por Patricia, ministra de Seguridad) por la difusión de los audios de Karina Milei, pidiéndole a la Justicia que allane a periodistas", indicó una de las voces consultadas. "Bullrich no hizo más que explicitar que los periodistas son objetivos de inteligencia", alertó. Aprobado el martes por el pleno de la comisión, el dictamen se remitió al presidente Javier Milei y al titular de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), Sergio Neiffert, quien responde al asesor Santiago Caputo y afronta ya una investigación penal por el PIN, tras una denuncia del Centro de Estu dios Legales y Sociales (CELS). El dictamen fue redactado por el equipo de asesores de la comisión y aprobado por el pleno del cuerpo, que preside el senador Martín Lousteau (UCR) e integran otros trece legisladores: el diputado Leopoldo Moreau (vicepresidente), el senador Oscar Parrilli (secretario), junto a senadores y diputados de distintos bloques. De carácter secreto y no vinculante, el Gobierno puede desatender el dictamen completo, pero conlleva otro traspié para Milei y sus colaboradores, tanto en el plano político, como judicial, donde los investigadores de los tribunales federales de Comodoro Py podrían requerir una copia al Congreso para analizar los cuestionamientos. Tal como reveló LA NACION el 25 de mayo pasado, el PIN es un documento secreto, de 170 páginas, que fija los lineamientos del Gobierno en materia de inteligencia para los próximos años. Desgrana cuáles son los intereses estratégicos del país y traza los objetivos generales de inteligencia y eventuales acciones para cumplirlas. Así, el PIN determinó que quedarán bajo la lupa de la SIDE todos aquellos "actores" que busquen "erosionar" la confianza de la opinión pública sobre los funcionarios que están a cargo de velar por la seguridad de la Nación, sin precisar si alude de ese modo a agentes de otras naciones o a expertos, periodistas y ciudadanos que pudieran cuestionar, por ejemplo, los operativos de la ministra Bullrich para evitar los cortes de tránsito frente al Congreso durante las marchas por los jubilados. La SIDE también fijó como foco de interés a aquellos "actores" que generen o puedan generar una "pérdida de confianza" en las "políticas económicas", sin precisar quiénes quedarían bajo la lupa. El documento secreto también define como sujeto de interés de la SIDE a aquellos que puedan "manipular" a la opinión pública durante los procesos electorales o propagar "desinformación". Otra vez, sin precisar si apunta a tareas de inteligencia externa, como la que Rusia desarrolló para influir en los resultados electorales en Estados Unidos, Francia y Rumania, entre otros países. O si engloba a periodistas y analistas políticos a los que la Casa Rosada endilga de manera recurrente que propalan fake news. ¿Qué dice la ley de inteligencia nacional? Determina que la SIDE está a cargo de elaborar el PIN tras completar un análisis combinado de los problemas más acuciantes y estratégicos del país vinculados a la defensa nacional y la seguridad interior, para fijar sus prioridades y orientar los recursos durante los siguientes años. Pero prohíbe de manera taxativa desarrollar tareas de espionaje interno; es decir, reunir información sobre personas por el solo hecho de su raza, fe religiosa, opiniones políticas, afiliación partidaria o actividad privada lícita, en tanto que las investigaciones por la posible comisión de delitos son competencia de las fuerzas de seguridad y la Justicia, aunque el límite tiene matices. ¿Por qué? Porque la legislación vigente faculta a la SIDE a abordar problemas de seguridad interior si son cuestiones estratégicas o delitos federales complejos. Citación y dictamen El dictamen comenzó a gestarse hace meses. Tras la primera revisión, la comisión citó a Neiffert, quien se presentó en junio y defendió el PIN. Sostuvo que lo expuesto por LA NACION -confirmado por otros medios- era "falaz" y negó que la SIDE desarrolle tareas de espionaje sobre economistas, movimientos sociales y otros actores de la sociedad civil. Neiffert ahondó en la posición "oficial" que ya había delineado el Presidente. En su cuenta de X, Milei había sostenido que LA NACION había incurrido en una fake news al abordar el contenido del documento secreto. Y Bullrich dijo que este diario había incurrido en una "interpretación sesgada" del PIN. Sin embargo, pese a la defensa del PIN y de su propia actuación al frente de la SIDE que planteó Neiffert, los legisladores opositores dejaron planteadas sus críticas y recomendaciones en un dictamen que remitieron a la Casa Rosada. "Nosotros no podemos modificar el PIN, aunque sí realizar objeciones y formular sugerencias. Veremos qué respuesta recibimos de la SIDE", indicó uno de los miembros de la comisión, según publicó Laura Serra, el mismo martes, en LA NACION. Menciones: CPOL1
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