17/08/2025 La Nación - Nota - Política - Pag. 21
Sospechas de protección política y lazos con los narcos Diego Cabot Mario Lugones, en cambio, fue uno de los pocos miembros del gabinete que el jueves participaron del acto proselitista de Milei en La Plata. También fue parte de la reunión de gabinete en la sede de gobierno, el viernes por la mañana. El ministro de Salud es cercano al asesor presidencial, Santiago Caputo, pluma de los discursos de Milei y estratega de comunicación del Gobierno. El juez Kreplak, el viernes, respondió al comunicado oficial acusando que Milei tiene la obligación constitucional de abstenerse de interferir en la causa penal en curso por el caso del fentanilo adulterado. “Suficientes omisiones y dificultades ha debido superar la investigación hasta ahora como para que, sobre ello, se pretenda politizar un trabajo judicial bien hecho. Respeto por las víctimas y las instituciones”, se limitó a contestar el magistrado. El papel de la Anmat El Gobierno está desarrollando un sumario interno para investigar las actuaciones de la Anmat. Según pudo saber LA NACION, el procedimiento se inició hace aproximadamente un mes. La agencia encargada de controlar la calidad y la seguridad de los productos farmacéuticos es un organismo descentralizado y tiene un área de Coordinación de Sumarios, orientada a la “sustanciar sumarios administrativos disciplinarios”, según el organigrama oficial. LA NACION reveló que el 28 de noviembre y el 12 de diciembre de 2024 inspectores del Instituto Nacional de Medicamentos (Iname), que depende de la Anmat, auditaron la planta de laboratorio Ramallo, de HLB Pharma, y emitieron informes en donde apuntaron a “deficiencias significativas clasificadas como críticas y mayores” en la fabricación de fármacos. Los lotes de fentanilo con bacterias fueron elaborados el 18 de diciembre de 2024, luego de la inspección de la Anmat, y salieron a la venta a fines de ese mismo mes. La Anmat recién emitió la orden formal para inhabilitar a HLB Pharma el 10 de febrero de 2025, casi dos meses después. Pese a que aún hay un sumario interno en curso, el comunicado de la Vocería Presidencial señaló: “El laboratorio de Ariel García Furfaro no era inspeccionado por Anmat desde febrero de 2020. En septiembre de 2024 asumió Lugones como Ministro de Salud y en noviembre de ese mismo año se ordenó la inspección del laboratorio Ramallo, productor de HLB Pharma. Producto de esa inspección, en febrero de 2025 y solo dos horas después de recibir el resultado de las actuaciones, la titular de Anmat, Agustina Bisio, inhabilitó al laboratorio Ramallo, prohibiendo así su actividad productiva. Tres meses antes de que ocurriera la primera muerte por fentanilo contaminado”. El comunicado oficial agregó: “En marzo, la Anmat recomendó la no utilización, comercialización y distribución en todo el territorio nacional del producto Propofol HLB, emulsión inyectable IV, lote 60000, evitando innumerables probables muertes durante intervenciones quirúrgicas simples”. El 70% de la población tiene esa percepción, según una encuesta FENTANILO CONTAMINADO Las percepciones de la sociedad frente a la crisis sanitaria ¿Cree que los dueños de los laboratorios que produjeron el fentanilo adulterado tenían protección política para operar sin controles? Sí, es muy probable Es posible, pero no estoy seguro No, no lo creo Ns/Nc ¿Cree que este tema debería estar entre las prioridades del Congreso y del gobierno nacional? Sí, debería ser prioridad Sí, pero hay otros temas más urgentes No, no es tan relevante Ns/Nc ¿Ha evitado o consideraría posponer algún tratamiento médico en hospitales o clínicas debido a esta crisis? Sí, consideraría posponer Sí, he evitado tratamientos No, no lo postergaría No, no lo evité Ns/Nc ¿Cree que los dueños de los laboratorios tienen actualmente protección política o judicial para frenar la investigación? Sí, es muy probable Es posible pero no estoy seguro No, no lo creo Ns/Nc Fuente: Poliarquía. Universo: personas residentes en el territorio argentino, en centros urbanos de más de 10.000 habitantes, mayores de 18 años de edad. Tipo de encuesta: online a través de la plataforma virtual vía mail. Características de la muestra: los datos de la muestra se calibran a las estructuras poblacionales del universo de estudio, utilizando variables sociodemográficas y de voto anterior. Tamaño total de la muestra: 600 casos. Fecha del trabajo de campo: entre el 13 y 15 de agosto de 2025 / LA NACION Diego Cabot LA NACION El humor y la percepción social cambian constantemente. A veces, no se inmutan frente a algunas situaciones, mientras que, en otras, sobreactúan el interés. El caso del fentanilo mortal transitó un tiempo de relativa indiferencia. Pero en los últimos días, a medida que las muertes se acumulan y las sospechas de que pueden ser muchas más no se disipan, la sociedad no ha dejado de aumentar su interés en el asunto. Y esa mirada social es crítica con todos. Después de la indiferencia y sin voceros oficiales que orienten la incertidumbre, cuestionan por abrumadora mayoría los mecanismos de control, la autoridad del Ministerio de Salud y la actuación judicial. Además, sospechan que hay protección política a los dueños del laboratorio y que detrás de esta fachada de la producción de fentanilo hay fuertes vínculos con el narcotráfico. Una reciente encuesta de Poliarquía revela la alta preocupación de la sociedad argentina frente a la crisis del fentanilo contaminado. El estudio, realizado entre el 13 y el 15 de agosto a 600 personas mayores de 18 años en centros urbanos de más de 10.000 habitantes, muestra que el 71% de los encuestados está informado sobre el tema y un 80% manifiesta preocupación por la seguridad de los medicamentos. La encuesta, con un margen de error del 4%, explora las responsabilidades y la confianza en las instituciones. Y en este campo, la reprobación es total. “¿A quién considera usted más responsable por lo ocurrido con el fentanilo adulterado?” es una de las primeras preguntas del trabajo. La respuesta más elegida, con el 31%, es “las autoridades del Ministerio de Salud nacional”, seguida por “todos por igual”, con 29%. Hubo tres opciones más: “a los hospitales que lo administraron”, 18%; “a los laboratorios que fabricaron el producto”, con 13%, y a los organismos de control como la Anmat, 9%. Paralelamente hay más responsabilidad del Gobierno que del fabricante. “El país atraviesa una crisis sanitaria de gran magnitud, provocada por la distribución de fentanilo medicinal contaminado. Esta tragedia puso en cuestión los mecanismos de control sobre la producción y distribución de medicamentos, así como las responsabilidades del sector público y privado en garantizar la seguridad y la calidad de los productos destinados a la población”, se lee en la investigación que coordinó Melina Patti, directora de Proyectos de Poliarquía. Una amplia mayoría cree que los laboratorios que produjeron fentanilo adulterado contaron con protección política para operar sin controles. Según la encuesta, el 68% considera “muy probable” que tuvieran esta protección, mientras que el 16% lo ve “posible”. Solo un 12% no cree que existiera tal protección. Este resultado refleja una percepción generalizada de connivencia entre el poder político y el dueño del laboratorio, Ariel García Furfaro. “La evaluación del accionar institucional es mayoritariamente negativa: el Ministerio de Salud de la Nación recibe muy baja aprobación (solo un 7% considera que actuó bien); la Anmat aparece con credibilidad debilitada en su rol de supervisión (41% la califica como poco o nada confiable y el 23% no sabe, posiblemente por desconocimiento del organismo). El sistema judicial es percibido como ineficaz en la investigación del caso (un 52% lo evalúa críticamente)”, dice Patti. Las cifras impactan en el sistema de salud. La crisis del fentanilo generó desconfianza, a tal punto que una parte importante de la población reconsidera la atención médica, en caso de necesitarla. Según Poliarquía, el 45% “consideraría posponer” algún tratamiento médico en hospitales o clínicas, mientras que el 7% ya “ha evitado” buscar atención, aunque el 36% afirma no haberlo hecho. La crisis ya impactó en la percepción de seguridad y confianza en el sistema de salud. Ahora bien, la investigación judicial que por ahora conduce el juez de La Plata Ernesto Kreplak también es profundamente cuestionada por la sociedad. La mayoría de los encuestados evalúa negativamente el accionar del juez y el sistema judicial. El 52% lo consideran muy malo (40%) o malo (12%). Apenas el 1% cree que actuó muy bien y un 6% que lo hizo bien, mientras que el 29% lo califica como “regular”. “La ciudadanía reparte responsabilidades, pero identifica al Ministerio de Salud como el actor central en la crisis del fentanilo. Se extiende un fuerte cuestionamiento a los organismos de control y al sistema judicial, cuya actuación es evaluada negativamente –dice Melina Patti–. Los laboratorios aparecen bajo un manto de desconfianza: dos de cada tres argentinos creen que actuaron con protección política y siete de cada diez los vinculan a redes de narcotráfico o crimen organizado. Estas percepciones refuerzan la idea de connivencia y corrupción estructural, donde la falta de controles efectivos se asocia a un patrón recurrente en la Argentina.” La sombra de la connivencia política planea sobre los laboratorios implicados en la producción de fentanilo adulterado. Un abrumador 68% de los encuestados considera “muy probable” que los dueños de estos laboratorios contaran con protección política o de funcionarios para operar sin controles estrictos. Un 16% adicional cree que es “posible”, aunque no está seguro. En contraste, solo el 12% descarta la existencia de tal protección, lo que refleja una profunda desconfianza en la integridad de los controles y la transparencia del sistema. Y finalmente, el narcotráfico. “¿Cree que hay vínculos entre los laboratorios involucrados y redes de narcotráfico o crimen organizado?”, preguntó Poliarquía. “Sí”, contestó el 68%, y no, el 14%. Menciones: Mario Lugones, Santiago Caputo, Juez Kreplak, Anmat, LA NACION, Instituto Nacional de Medicamentos, HLB Pharma, Agustina Bisio, Polirquía, Melina Patti, Ariel García Furfaro, Ernesto Kreplak
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