11/06/2025 08:03 Urbana Play - De acá en más
Editorial de María O'Donnell María O'Donnell - conductora Ocho y tres de la mañana, diez grados ahora, la máxima: dieciséis grados para el día de hoy. *De acá en más*, con María O'Donnell. Un tutorial para tiempos complejos. La Corte Suprema de Justicia de la Nación, como ya mencionaba, confirmó la condena a seis años de prisión de Cristina Fernández de Kirchner. Con lo cual, la expresidenta va a tener que cumplir seis años de prisión -probablemente domiciliaria-. En las próximas horas se tiene que presentar ante el tribunal oral que la condenó por administración fraudulenta, para coordinar con el tribunal cómo van a ser las condiciones de su detención. Muy probablemente en el departamento de Justicia. Desde anoche hubo una manifestación: personas que primero se movilizaron al PJ -donde ella ya estaba cuando se conoció esta decisión- y después fueron al departamento de Constitución. Esta mañana, algunas universidades amanecieron tomadas. Sus centros de estudiantes responden a la Cámpora: el caso de Sociales, Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Y había alguna movilización también en FADU, en Ciudad Universitaria. En el medio, un peronismo que está bastante aturdido -razonablemente-, pensando en las consecuencias a futuro de esta decisión. Primero vamos al fondo, digamos, a las consecuencias prácticas, ¿no? Cristina Fernández de Kirchner tiene esta condena por cumplir. Le quedan instancias internacionales para apelar, porque esto es una decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. A diferencia de lo que pasó con Lula en Brasil -condenado por tribunales y luego absuelto por la Corte Suprema de ese país-, no es el escenario que tiene por delante Cristina. Le queda solamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero son procesos largos. Y si bien la Argentina reconoce rango constitucional a los tratados internacionales, también sería materia de discusión si debe o no cumplir con una eventual decisión de la Corte Interamericana. Pero bueno, se abre ese ámbito internacional, en un contexto donde muchos de los aliados regionales de Cristina hoy tienen problemas judiciales y están fuera de sus países. Es el caso de Correa en Ecuador, el caso de Evo Morales en Bolivia. Salvo Lula, que hasta ahora se manifestó a través del Centro Lula, pero todavía no habló el presidente de Brasil. Entonces, está por un lado la cuestión internacional. Y por otro, la proscripción a perpetuidad para ejercer cargos públicos. Aun suponiendo que Cristina cumpliera la condena, salvo que hubiera un indulto o una amnistía en Argentina, quedaría impedida para siempre de ocupar cargos públicos. Eso por un lado. Después está lo que dijo Cristina respecto de esta decisión. A ver, tenemos lo que decía Cristina Fernández de Kirchner cuando conoció la decisión de los tres integrantes de la Corte: > "Al cepo del salario que le ha puesto el desgobierno de Javier Milei, ahora el partido judicial le agrega el cepo al voto popular. Una novedad, realmente. > > Este cepo al voto popular lo pone este triunvirato de impresentables que funge como una ficción de Corte Suprema. > > No, no se confundan. Son tres monigotes que responden a mandos naturales muy por arriba de ellos." El punto de partida de todo esto tiene que ver con el vínculo, originalmente de Néstor Kirchner -después Cristina- con Lázaro Báez, un empleado bancario que, al día siguiente de que Néstor asumiera la presidencia, funda una constructora. A lo largo de los doce años de las presidencias de Néstor y Cristina, esa constructora se convierte en el principal receptor de obra pública en Santa Cruz, mientras que simultáneamente seguía haciendo negocios con la familia Kirchner: desarrollos inmobiliarios, alquileres de hoteles, etc. Ese vínculo de simultaneidad entre recibir obra pública y tener negocios privados con la familia Kirchner, y luego el incremento patrimonial de los Kirchner -que arrancan con departamentos y terminan con hoteles- fue materia de investigación judicial en distintos momentos y de distintas formas. De hecho, hay una causa todavía pendiente: la de Otesur. En ella se plantea que a cambio de recibir obra pública, Lázaro Báez le pagaba a la familia Kirchner por hoteles que no utilizaba. También hubo otra causa que comprobó que Báez fugó dinero a Suiza, razón por la cual está preso. Se discutió si eso era una asociación ilícita. Finalmente, lo que se terminó diciendo es que Cristina direccionó la obra pública hacia Lázaro Báez, porque tenía un interés personal en que eso ocurriera. ¿Qué dijo Cristina en el juicio? Que no probaron su participación personal. Y que la asignación de obra pública no la hace el presidente, que pasa por el Congreso, y que en este caso era Vialidad de la provincia de Santa Cruz. Originalmente, esta causa había sido enviada a la justicia de Santa Cruz -donde el poder judicial, por los nombramientos, es bastante afín a los Kirchner-. Como uno podría decir lo contrario respecto de Comodoro Py. Pero ahora vamos a eso. La causa va a la justicia de Santa Cruz y queda suelta. Pero durante la presidencia de Macri, de la mano de Iguacel, hacen una auditoría y dicen: 'Atención, estas obras asignadas a Báez tuvieron trato preferencial y muchas no se terminaron'. Se hace una auditoría: de 51 obras, según el juicio, se probó que 2 no se terminaron y que hubo trato preferencial a Lázaro Báez respecto de otros contratistas. Cristina sostiene: 'Para atribuirme administración fraudulenta, deben probar que participé personalmente, y eso no lo hicieron'. Al final del juicio, el fiscal Luciani introduce mensajes de WhatsApp donde plantea que Cristina conspiró con Báez sobre el final de su mandato para limpiar documentación que podía comprometerlo. Pero la defensa dice: entre todas las figuras posibles, la de administración fraudulenta no se sostiene porque no se probó su participación personal. La Corte dice que sí, que Cristina firmó un decreto creando un fideicomiso que delegaba en Vialidad la asignación de obra pública, lo cual facilitó estos hechos. Cristina también cuestiona la imparcialidad de quienes la juzgaron. Empieza por el juez Ercolini. Primero había mandado la causa a Santa Cruz. Cuando asume Macri, la retoma. Es el mismo juez que integró la famosa comitiva al Lago Escondido -jueces y fiscales vinculados a Clarín-, grupo al que Cristina señala como promotor de su condena. También apunta a jueces de la presidencia de Macri, como los de la Cámara de Casación -Martínez de Giorgi, por ejemplo- que fueron a jugar al pádel a Olivos con el expresidente. La Corte le responde que ninguna de esas circunstancias demuestra que hayan perdido imparcialidad. Luego, el timing. Cristina dice que anunció su candidatura y cuatro días después se reactivó una causa por la que ni siquiera se presentaba. Uno puede pensar: sabiendo que la causa venía, se presentó igual. Pero queda el punto político: ¿hubo una justicia que la persiguió de muchas maneras? Recién hablábamos con Hugo Alconada Mon. La justicia buscó formas de juzgar a Cristina con una vulnerabilidad evidente: el vínculo con Báez, la simultaneidad de negocios públicos y privados, un patrimonio que creció mucho durante los gobiernos de Néstor y Cristina. Fue sobreseída por enriquecimiento ilícito con un fallo escandaloso del juez Oyarbide. Entonces, la idea de buscar cómo llevarla a condena. Eligieron una causa donde no se pudo probar todo lo necesario, según la defensa. Pero la Corte dijo que sí. Y está el tema de la doble vara. Fíjense la cantidad de causas contra Macri: espionaje ilegal, negocios con el Estado, la privatización del Correo, el caso de las autopistas, los parques eólicos, el soterramiento del Sarmiento, con Calcaterra. Muchas causas donde no hay avances, mientras Cristina debe presentarse todo el tiempo ante tribunales. Y eso hay que reconocérselo: Cristina siempre estuvo a derecho. Entonces hay algo del sesgo de la justicia que es evidente. Lo que pasa con Cristina y lo que pasa con Macri. ¿Se enriqueció Cristina durante su presidencia? Sí. ¿De manera legítima o ilegítima? Lo que dice ahora la justicia es que fue ilegítima. Un poder judicial que dio una sentencia en una causa con muchos problemas. Y lo más grave de todo esto, políticamente, es que más allá del debate judicial -que, insisto, tiene poco margen a partir de ahora-, se instala la percepción, en una parte importante de la sociedad, de que hay una nueva proscripción del peronismo. Y vuelve el fantasma del peronismo proscripto en la historia argentina.
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