11/05/2025 Perfil.com - Nota

Revuelta de los gobernadores contra el ‘super-IVA’ de Milei
Carlos Burgueño
Tiene la aprobación del FMI y de buena parte de la oposición aliada y de los economistas. Pero a medida que se van conociendo los detalles, crece la oposición entre los gobernadores. Un análisis del Iaraf indica que si las provincias quisieran mantener constantes sus ingresos, el IVA debería ser mayor al actual 21% en al menos 18 distritos. La reforma contempla un impuesto al consumo general administrado por la ex-AFIP, de un 10% para Nación y al que las provincias sumarán la alícuota que deseen

Están casi todos de acuerdo. El gobierno nacional. El Fondo Monetario Internacional (FMI). Los legisladores oficialistas. También los del PRO, que navegan en estos días en modo de protesta y división contra los libertarios. Están de acuerdo los economistas cercanos al Ejecutivo. Y también los “mandriles”. Y varios de los “hijos de puta”, según la definición presidencial. Todos consideran que la creación del “super-IVA” puede ser una buena idea, que modifique lo imprescindible a ser cambiado de manera estructural por impresentable y retrógrado: el sistema impositivo argentino. Hay unanimidad en la necesidad de terminar con un esquema tributario basado en la recaudación de unos 130 impuestos a nivel nacional (récord histórico y mundial) de los cuales solo el 10% explica el 90% de los ingresos fiscales de la Nación, provincias y municipios. Otro récord. Sin embargo, no hay unanimidad. Hay un grupo en contra. Y, a medida que van conociendo detalles de la realidad tributaria que se crearía con el nuevo impuesto estrella del sistema de recaudación argentino; más radicalizada es la protesta. Y con una curiosidad: lentamente se van sumando a la cruzada contra el “super-IVA” responsables de administraciones provinciales de todas las partituras políticas; incluyendo el peronismo, el radicalismo, el PRO y el semioficialismo. Al punto que se vio esta semana que terminó una foto curiosa con gobernadores reunidos en Paraná con el dueño de casa, Rogelio Frigerio, con los más o menos amigos, Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Sergio Ziliotto (La Pampa), Raúl Jalil (Catamarca) e Ignacio Torres (Chubut). La curiosidad es que aceptó la invitación a coincidir, el responsable de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof; generándose una de las fotos más curiosas de la política nacional en las últimas décadas. Todos bajo un mismo eslogan: la defensa de los ingresos provinciales que se perderían si se aplicase el proyecto del “super-IVA”.
Ya hay estudios sobre el tema. El viernes presentó el suyo en sociedad el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf). En un informe dirigido por el economista Nadin Argañaraz, estas pérdidas se explican con datos concretos. El título del trabajo no deja lugar a la imaginación:
“División de la alícuota de IVA entre Nación y provincias. Si las jurisdicciones buscaran mantener constantes sus ingresos actuales, la alícuota de IVA debería ser mayor al 21% en 18 de las 24 existentes”. Simple. Directo. Al hueso.
La conclusión del Iaraf indica que una eventual reforma del IVA que elimine el criterio actual de coparticipación del tributo, y obligue a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires a establecer sus propias alícuotas por arriba del promedio nacional, implicaría que en la mayoría de las administraciones habría que incrementar el nivel actual del impuesto por arriba del 21%. Y no se está hablando aún de Ingresos Brutos, para todos el peor impuesto de todo el sistema tributario criollo; calificado de medieval por la mayoría de los especialistas impositivos.
Para el Iaraf, y teniendo en cuenta la distribución actual del IVA de 10% para la Nación y 11% para las provincias; “en 18 jurisdicciones la alícuota final de IVA debería ser mayor a la actual del 21%”. De estas 18 jurisdicciones, las tres con mayor alícuota provincial son Catamarca, Formosa y La Rioja. Del otro lado, la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires serían las que menos perderían, pero siempre en posición negativa. Según este ejercicio, la sumatoria de la alícuota nacional y provincial en estas jurisdicciones sería de 81,4%, 56,5% y 52,9%. El informe reconoce que sería algo “imposible de implementar en la práctica”.
Sabiendo esto, los gobernadores son los primeros que están en alerta. Y se explica por qué esta ley de coparticipación tiene un delay de más de 31 años, ya que debería haber sido sancionada una nueva ley de coparticipación federal luego de la reforma constitucional de 1994.
Como se explicó en este espacio, la idea revolucionaria de un “super-IVA” está ya casi cerrada y solo resta que varios de los profesionales cercanos al oficialismo le terminen de dar el visto bueno. Y que el paper final sea enviado a Washington, para su última revisión. Concretamente, al quito piso del edificio inteligente del FMI, donde funciona el Departamento para el Hemisferio Occidental, donde está a su vez la oficina que trata el caso argentino. Y que cogobierna el manejo de parte de la economía local, luego de la puesta en marcha del Facilidades extendidas vigente desde el 11 de abril pasado. El Ministerio de Economía de la Nación, firmante del acuerdo, se comprometió ante el FMI a ejecutar tres reformas estructurales desde el 2026: una laboral, una previsional y una impositiva. Esta última, la más importante. E impostergable. Se sabe desde Buenos Aires que el “super-IVA” tiene el visto bueno, siempre y cuando incluya una nueva ley de coparticipación y la eliminación explícita de Ingresos Brutos. Coinciden las dos partes que económicamente es un proyecto más que viable y que cambiará para siempre no sólo la recaudación impositiva, sino también la relación política entre la Nación y las provincias, además de entre los gobernadores entre sí. Tanto Hacienda como el Fondo saben de política. Y comprenden que con la actual composición del Congreso Nacional será imposible que el proyecto avance. Menos luego del affaire Ficha Limpia. Y las desventuras electorales de distorsiones políticas por todo el país entre los libertarios y el PRO. Es por esto que se esperará a las elecciones legislativas de octubre para avanzar en esta revolución tributaria, la que vería la luz cuando el Presupuesto 2026 sea una realidad enviada al Poder Legislativo.
La idea es simple y compleja a la vez. Se trata de la creación de un impuesto al consumo general, administrado desde la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, ARCA (la ex-AFIP), que cobraría una parte de lo consumido en cada lugar del país; para luego depositar en la cuenta Nación el 10% de lo obtenido; y distribuir a las provincias según el resto de la alícuota que cada repartición aplique. Quedarían liberadas las provincias para aplicar el porcentaje que quieran; incluyendo un nivel mayor al actual. Con la única condición de que eliminen además Ingresos Brutos. La idea primaria es que las provincias compitan entre ellas, tanto en niveles generales como en beneficios para sectores puntuales para atraer inversores. No es una propuesta original. Es un esquema que existe en países como Estados Unidos, Brasil y Perú, entre otros. Aunque con matices.
Para los gobernadores de las provincias más pequeñas, y los que no tienen sus cuentas fiscales en equilibrio, la idea, directamente, los aterra. Para empezar, ven con espanto la posibilidad de tener que derivar a la Nación la recaudación de la mayor fuente de dinero que es obtenido en el territorio. Sospecha, con razón por cierto, que la Nación está a tiro de apretar una tecla, para suspender por horas o días el envío de los fondos a alguna provincia díscola. Por ejemplo, alguna cuyos senadores no voten como corresponde a la visión de la Nación. Esto pasó. Y no es un monopolio libertario. Le sucedió a Daniel Scioli cuando gobernaba la provincia de Buenos Aires, y tuvo la idea de enfrentarse políticamente al kirchnerismo mandamás.
El segundo problema es la necesidad de eliminar Ingresos Brutos. Para todos, el peor invento de la historia de los impuestos mundiales. Ingresos Brutos (IIBB) es un tributo medieval. No es una metáfora o una opinión. Es una realidad. Se trata de un impuesto creado hace casi mil años (literal), por los alcaldes y barones feudales, buscando un mecanismo para incrementar su poder económico frente al de los reyes. Buscaba recaudar de manera directa, afectando la economía local a cambio de una mayor cantidad de dinero limpio y rápido para poder, básicamente, incrementar sus propios bienes y, eventualmente, armarse para contrarrestar las embestidas de otros barones. O invasiones de reinos externos.
Pasó el tiempo y la propia lógica de la evolución moderna de la ciencia tributaria (progresista o liberal) apuntó a la eliminación del impuesto; y la aplicación de lo que en el país se llamó IVA. Un tributo que grava toda la cadena productiva y no el final. Con sus errores, ya no se trata de un impuesto “cascada” como Ingresos Brutos, sino a toda la línea de generación de riqueza; lo que lo hace más justo y efectivo. Hoy son pocos los sistemas tributarios que aplican IIBB. Solo algún que otro país poco integrado y con sistemas impositivos regionales y nacionales sin vasos comunicantes. Salvo Argentina. Pero sucede que es una fuente irreemplazable de ingresos, en medio de una Argentina de ajustes interminables. A diferencia del IVA, Ganancias y el resto de los coparticipables, IIBB es recaudado y gastado directamente por los gobernadores. Plata toda a ellos. Aunque sea fruto de una imposición regresiva y algo criminal para la productividad de sus territorios. El tercer problema para los responsables de las recaudaciones provinciales es que necesitará una nueva fórmula de repartición de ingresos con las regiones menos progresistas del país. Como Formosa, Catamarca, La Rioja, Chaco o Misiones; que dependen del cheque mensual de la nación producto de lo que se recauda en otras provincias para poner en marcha sus economías. Y que con la aplicación del “super-IVA”, dependerían de sus propios recursos, con la quimérica promesa de más inversiones si cobran menos impuestos.
Como sea, y contra quién sea (aunque haya una alianza entre personas como Frigerio, Zamora, Kicillof y similares), Javier Milei, el FMI y gran parte de la inteligentzia fiscal e impositiva local pelearán en 2026 en el Congreso Nacional por el “super-IVA”. No se sabe si antes o después de la nueva oportunidad que se le dará a Ficha Limpia. El año que viene, el Senado será un nuevo poder autónomo.

Imagen: perfil.com


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