26/04/2025 Perfil - Nota - Economía - Pag. 18

Curiosidad: Argentina reconoce (y blanquea) más deuda ante el FMI. La de los juicios internacionales
Carlos Burgueño
Son días de festejo para los fondos acreedores de deuda argentina, como Burford Capital, que mantiene en su cartera aún hoy el 30% del paquete que reclama por la acciones de YPF que renacionalizó el gobierno de Cristina Kirchner en 2012. Al firmar el país el acuerdo de Facilidades Extendidas con el Fondo Monetario Internacional, en la letra chica del tratado de relaciones y pagos para los próximos diez años, la Argentina reconoce como pasivo la deuda generada al haber perdido el juicio de YPF. S

Para Burford Capital y el resto de los acreedores del país que tienen juicios en los tribunales mundiales, son días de festejos. Lo que tanto venían buscando los múl - tiples fondos de inversión lo lograron, sutilmente, el 11 de abril pasado. Concretamente, y de manera indirecta pero clara, al firmar el país el acuerdo de Facilidades Extendidas con el Fondo Monetario Internacional (FMI). En la letra fina del tratado de relaciones y pagos para los próximos diez años, la Argentina reconoce como pasivo la deuda generada por haber perdido el juicio por la manera en que se renacionalizó YPF en 2012, en los tribunales de Loretta Preska. Y si bien se aclara que es un proceso en vía judicial aún no concluido ante tres niveles de resolución en los Estados Unidos; se asume que si la causa (como se presume) termina definitivamente siendo negativa para el país, habrá que pagar un monto que tiene como piso los US$ 16 mil millones que la jueza norteamericana dictaminó como sentencia contra el país.
Pero no solo Burford puede entusiasmarse.
También los tenedores de bonos que litigaron contra el país, considerando que fueron estafados por la manera en que se midió el PBI en 2013, fueron nombrados (en este caso explícitamente) por el FMI en el texto de aprobación del Facilidades Extendidas. En este caso, se trata de una causa en Londres por unos US$ 1.600 millones.
En total, por ambas causas, la Argentina asumió formalmente ante el organismo que maneja Kristalina Giorgieva deudas por unos US$ 17.600 millones. Unos U$S 2.800 millones menos que el total del dinero que el Fondo le prestó a la Agentina.
En un breve espacio dentro de la letra fina del Facilidades Extendidas, la Argentina y el FMI firmaron que "deben continuar los esfuerzos para (…) resolver los litigios pendientes", menc ionando expl ícitamente la causa bonos al afirmarse "en relación con este último punto, también debería buscarse un acuerdo anticipado sobre los términos de pago del fallo en Londres (por EUR 1.600 millones, monto que está incluido en el stock de deuda estimado por el staff)". La diferencia de mención en uno y otro caso es que en este último el fallo ya está definido por la Justicia del Reino Unido. Mientras que en la causa YPF aún está en apelación. Lo firmado por la Argentina implica que se le reconoce al FMI la existencia de esa deuda, con lo que, hacia delante, este argumento será utilizado por los demandantes para garantizarse que el pasivo existe. Y es reconocido ante el principal acreedor de la Argentina: el mismísimo FMI.
La causa por YPF se encuentra hoy en vías de apelación en la segunda instancia de los tribunales de Nueva York; sabe el Fondo que es casi imposible que los jueces del tribunal den marcha atrás con el fallo negativo de Preska emitido en marzo del año pasado. Y que le dio ampliamente la razón al demandante. Sabe también que este proceso de apelaciones, al que el país tiene derecho a recurrir, puede tardar más de un año en resolverse. Si bien se descarta que habrá un segundo fallo a favor en la segunda instancia, luego tendrá el país una oportunidad más: la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. Especula Burford con que en este tercer nivel se repetiría la jurisprudencia del Juicio del Siglo contra los fondos buitre, y que el máximo tribunal rechazaría el caso y dejaría firme el fallo de Preska de marzo de 2023. El tiempo pasa rápido, pero la resolución final del caso YPF demandaría al menos hasta fines de 2026.
Burford había comprado el 70% de la causa, y actualmente sostiene bajo su propiedad el 30%, habiendo incluido en la sociedad litigante a algunos anónimos inversores privados (en principio unos diez fondos comunes de inversión) el resto de la causa. El 40% que ya vendió lo fue colocando en diferentes momentos del avance del caso y, a medida que se aproximaba el momento actual, su precio iba en incremento otorgándolo a Burford (un especialista en manejar los tiempos de la oferta y demanda de los casos que va litigando) ganancias ext raordinarias.
La causa se originó a partir de la aparición del fondo Burford Capital, una firma especialista en comprar a bajo precio causas con potencial de litigio internacional.
Este fondo le adquirió a la Justicia española parte del manejo de la quiebra que las empresas Petersen Energía Inversora y Petersen Energía, dos compañías que la familia Eskenazy creó en ese país, pero que al momento de la reestatización ya había abandonado y cuya propiedad había quedado flotando en los tribunales españoles; con lo que se descarta tanto en la Justicia de los Estados Unidos como en Buenos Aires que el grupo financiero quedó fuera del litigio. Y, obviamente, ya no está en la causa.
Burford, luego de comprarle el caso a la Justicia de Madrid, donde estaba radicada la causa por ser la residencia legal de Repsol-YPF, mudó sus intereses a Nueva York. Precisamente, al mismo tribunal en el que la Argentina litigaba contra los fondos buitre: el de Thomas Griesa.
Sabía Burford que el juez norteamericano le haría un lugar al reclamo, ante el malhumor generalizado que en 2013 tenía Griesa contra el país por la batalla que el kirchnerismo hacía en ese juzgado por la demanda contra los fondos buitre.
La causa se basa en el reclamo de Burford por la manera en que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner nacionalizó la petrolera, sin realizar una Oferta Pública de Adquisición (OPA), tal como figuraba en el estatuto definido en 1993 durante la privatización impulsada por Carlos Menem.
Allí el país se comprometía ante Wall Street, donde se lanzó la oferta de las ADR de la petrolera, a que cualquier operación de adquisición posterior de una porción de la petrolera argentina obligaba a hacer una oferta similar o superior por el total las acciones remanentes. Durante la reestatización, el gobierno de Cristina de Kirchner no le dio importancia a este punto.
Tampoco el Congreso, que aprobó la compra de solo el 51% de las acciones.
La causa por la manipulación de títulos públicos en 2013, y el consecuente no pago de los intereses correspondientes al Cupón 2013, tiene ya fallo firme en los tribunales ingleses. La Argentina perdió el caso en primera y segunda instancia, en ambos casos con todos los votos de los jueces en contra, y acudió al máximo tribunal del Reino Unido como última alternativa jurídica para tratar de torcer la historia. Sin embargo, en octubre del año pasado, la Corte británica rechazó tratar la causa, con lo que dejó en firme el fallo de primera y segunda instancia.
Son los fallos del juez S t e p h e n Phi l l ips y del Tribunal de Apelación de Inglaterra y Gales a favor de los demandantes Palladian Partners y Norinver Capital, entre otros; que denunciaron a la Argentina por haber abonado intereses correspondientes por el mecanismo de los títulos Cupón PBI emitidos durante el canje de deuda de 2006. Argentina esperaba que la causa en Inglaterra se cayera, dado que en abril de 2023, una causa espejo en el tribunal, curiosamente, de Loreta Preska, resolvió en contra del reclamo. Sin embargo, en marzo de 2024, Phillips ratificó su decisión, y cerró el caso a favor de los demandantes de Londres.
Phillips se mantuvo en el criterio jurisprudencial inglés, afirmando que la Argentina efectivamente alteró el PBI de 2013, perjudicando a los ahorristas que habían confiado en el bono emitido por el país para salir del default de 2002, y durante el canje de deuda de 2006.
Según la decisión del juez Phillips del 8 de marzo pasado, "las declaraciones posteriores al fallo (correspondiente a los cupones PBI en euros) de funcionarios argentinos reflejan la misma postura desafiante adoptada frente a los fallos a favor de los holdouts (tenedores de títulos de deuda soberana argentina) años atrás". Y agregó: "Si bien es cierto que hay un nuevo gobierno desde diciembre, aún no ha demostrado que adoptará un enfoque diferente para honrar los fallos de Cortes internacionales.
En particular, la nueva administración no se ha distanciado públicamente de los comentarios realizados por los antiguos funcionarios.
También es digno de destacar que la República no ha abonado ningún monto del fallo [YPF] del tribunal del Distrito Sur de Nueva York, ni ha cumplido con las condiciones para suspender la ejecución (embargos) pendiente de apelación en ese caso".
La causa original fue iniciada en Nueva York por el fondo buitre Aurelius en enero de 2015 por la supuesta "mala fe" del país al alterar la medición del PBI del Indec para el ejercicio 2013; lo que derivó en una causa espejo en Londres, a partir de una presentación del fondo cautivo de Aurelius Novoriver a la que luego se sumó Palladian con un grupo menor de tenedores de deuda argentina.
Según los demandantes, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, con Axel Kicillof como ministro de Economía, alteró la base de cálculo del EMAE para que el crecimiento final del PBI de ese año no superara el 3,22% y así no activar la cláusula de l iquidación de l C up ón PBI. El Indec calculó para ese año un crecimiento del 2,9%, pero modificando el cálculo base, una acción que para Aurelius fue "adrede" para perjudicar a los tenedores de este bono, en lo que representa "mal desempeño de sus funciones".
Para los fondos que se presentaron en los tribunales de los dos países, si no se hubiera alterado la base de cálculo de 2013, la Argentina habría crecido el 3,5%, con lo que hubiera tenido que pagar el Cupón PBI. Estos argumentos fueron rechazados por Preska, pero tomados como válidos por Phillips; y a partir de hoy se sabrá qué considera la Cámara de Apelaciones de Londres. En paralelo, se sabe que Aurelius también apelará su fallo en contra en la Cámara de Nueva Lork.
En ambos tribunales la Argentina se defendió con los mismos argumentos, diseñados en los años de Mauricio Macri. Durante 2016, cuando para que no prosperara la causa, se afirmó que la alteración del PBI de 2013 puede haber sido real, pero se aseguraba que era facultad de la gestión de Cristina de Kirchner modificar el cálculo. Con esto defendió la decisión de modificar la medición necesaria para el pago del bono a partir de la modificación de la cifra de crecimiento aportada por el Indec, en tiempos de la intervención directa del entonces secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno.


#21348726   Modificada: 26/04/2025 01:47 Superficie art�culo: 1328.02 cm²
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